
Ciudad de México, 4 de julio de 2009
Servicio informativo núm. 702
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Sumario:
I. Subrogación de la responsabilidad social del Estado, por Asa Cristina
Laurell
II. Manifiesto a la nación del Movimiento Ciudadano por
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SUBROGACIÓN DE
por Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del gobierno legítimo de
México
(publicado en
La tragedia de la guardería ABC en
Hermosillo ha sacado a la luz pública el tema de la subrogación de ese tipo de
centros, que no se restringe a éstos, sino que abarca a todos los servicios
sociales y se inscribe en un proceso general de privatización. Su lógica es
abatir costos, generar ganancias e impulsar que las instituciones se deshagan
de la prestación de servicios. La subrogación es compra-venta de servicios.
Este proceso ya tiene tiempo en
nuestro país y se observa con especial nitidez respecto de la seguridad social
y la salud, cuyo objetivo es convertir este ámbito en un campo de creación de
ganancias privadas con fondos públicos, como lo son los de pensiones. El
ejemplo más conocido es el de los fondos de jubilación y retiro en el que las
Afore cobran comisiones muy altas (1.7 por ciento en promedio sobre el total
del fondo), al tiempo que las futuras pensiones en la mayoría de los casos no
llegarán siquiera a un salario mínimo.
En el sector salud este proceso
parte de la separación entre las funciones de regulación del sistema en la
materia, su financiamiento y la prestación de servicios. Este modelo empezó en
1995 con la reforma del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), siguió con
el Seguro Popular y culminó con la reforma del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Se busca dejar al
Estado sólo la regulación del sistema de salud y abrir el mercado de
compra-venta de la atención médica, lo que supone uno o varios pagadores o
administradoras de fondos, idealmente lucrativas, al igual que las Afore.
Este modelo se ha probado en Chile y
Colombia, donde ha tenido malos resultados; en vez de bajar costos los ha
subido y en lugar de mejorar los servicios y el acceso los ha deteriorado. Hace
un año,
En México, las autoridades de
El problema del acceso a los
servicios se refleja en los datos. Un estudio recién publicado (Lancet/8/4/09) demuestra que los
beneficiarios del Seguro Popular (SP) no tienen mayor acceso a los servicios
que los que no beneficiarios, dato que se confirma en los informes anuales de
La regulación de los prestadores
privados, función reservada a
Por último, habría que recordar que
la seguridad sanitaria descansa sobre los servicios públicos y la experiencia
de la epidemia de influenza demostró que ha sido muy debilitado con el nuevo
modelo de atención. Era previsible ya que, por ejemplo, en Colombia un modelo
semejante significó el regreso de epidemias de tuberculosis (TB) y paludismo.
La subrogación o privatización de los servicios médicos es un peligro para la
salud.
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MANIFIESTO A
Mañana 5 de julio, día de
elecciones, se cumple exactamente un mes de la terrible tragedia que le
arrebató sus tiernas vidas a nuestros 48 hijos, y les ha dejado terribles heridas
en el cuerpo y en el espíritu a los sobrevivientes, a sus familias y a la
sociedad entera, en Hermosillo, en Sonora y en todo México.
Un largo mes en el que la
herrumbrosa maquinaria encargada de la procuración de justicia, tan ágil cuando
de perseguir luchadores sociales y pobres se trata, ha demostrado hasta la ignominia
la falta de voluntad política de los gobernantes y su completa inoperancia para
castigar a los culpables de este espantoso crimen.
¿Qué es lo que tenemos después de un
mes? Nada.
Tenemos un Estado que fracasa en la
salvaguarda del tesoro más preciado de toda nación, que es su niñez. Tenemos un
Estado fallido.
Tenemos un presidente de
Tenemos un Seguro Social que subroga
sus obligaciones y viola sus propias normas para alimentar la voracidad de
familiares y socios pertenecientes al primer círculo del poder, para la
obtención de dinero fácil proveniente de nuestras cuotas y de nuestros
impuestos.
Tenemos los sonorenses a un
gobernador que en vano pretende comprar nuestras conciencias, desesperado ante
el derrumbe de su propia megalomanía, ofreciendo manzanas envenenadas,
burlándose de nuestra pobreza.
¿Después de un mes, qué es lo que
queremos? Todo.
Queremos justicia ejemplar, completa e imparcial a través de procesos
penales transparentes a todos los culpables del asesinato y de las lesiones a
nuestros niños y niñas.
Queremos reparación del daño moral a través del pago de indemnizaciones de
acuerdo a la enorme magnitud de la pérdida sin condicionamiento alguno ni
cesión de derechos.
Queremos atención médica especializada de la más alta calidad y de por
vida, para todos los niños y niñas
convalecientes y a sus familiares, a cargo del Estado y sus instituciones.
Queremos la cancelación inmediata de todos los contratos de subrogación de todas las guarderías del
IMSS en manos de particulares.
Queremos la sustitución total del modelo neoliberal de salud y de seguridad social,
que es la causa primigenia de esta desgracia, por uno nuevo que ponga por
delante las necesidades del pueblo.
Queremos la revisión de los modelos de todo el sistema educativo, desde el infantil hasta el de posgrado.
Queremos, una vez realizadas las
investigaciones, la demolición de las
aberrantes instalaciones del sitio de la tragedia, la construcción de un hospital y la elevación de un monumento en memoria de los niños y
niñas asesinados y heridos.
No vamos a esperar a los más que
predecibles y nulos resultados de la investigación, adelantados por el propio
procurador general desde su repugnante primera declaración de que en este caso
se han cometido delitos “leves” que alcanzan fianza.
Por eso hemos acudido ante los
magistrados de
Somos la conciencia de todo un
pueblo que despierta y eleva el metal resplandeciente de su cólera, de su
indignación y reclamo de justicia ante el máximo tribunal de
Una vez más reiteramos nuestro
juramento solemne: no descansaremos hasta
ver juzgados y condenados por este horrendo crimen a todos los verdaderos
culpables.
Movimiento Ciudadano por
Hermosillo, Sonora, y Ciudad de
México, Distrito Federal, a 4 de julio de 2009.
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